La arquitecta y la arqueóloga no pudieron acceder a 60 de las 98 casas de Corona

La arquitecta y la arqueóloga no pudieron acceder a 60 de las 98 casas de Corona
En la parroquia de Sant Antoni no pudieron entrar en 13 de las 38 viviendas catalogadas

05.03.2015 | 10:34

Ver Galería
La arquitecta denuncia en una ficha que esta intervención solo está protegida por una licencia de obra menor. AYTO. SANT ANTONI
Más vídeos
Indignación en Santa Agnès por el catálogo de casas
JOSÉ MIGUEL L. ROMERO | IBIZA La arqueóloga Ángeles Martín Parrilla y la arquitecta Inés Vidal Farré no lo tuvieron fácil para completar el catálogo de patrimonio histórico de Sant Antoni, especialmente en Santa Agnès, que en este proceso ha sido lo más parecido a la aldea gala de Astérix. Los sesenta vecinos de esa parroquia que el pasado martes llenaron el salón de plenos del Consistorio para quejarse airadamente ante el edil de Urbanismo, José Torres, y la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, por cómo se había elaborado ese inventario, se corresponden con el número de casas a las que las autoras del catálogo no pudieron acceder, a veces por expreso deseo de sus propietarios y otras porque no los encontraron. De los 98 inmuebles inventariados solo se les permitió acceder y captar las fotografías que desearan, sin cortapisas, en 29 casos, mientras que en 60 no llegaron a pasar de la puerta, en ocasiones ni de la valla de entrada. Eso afectó al trabajo de campo, ya que solo podían adivinar qué había dentro y cuál era su estado.

En cuatro ocasiones los dueños consintieron que pasaran dentro, pero bajo la prohibición de fotografiar sus estancias. En una ocasión el permiso solo contemplaba hacer algunas fotos. En otra, la peligrosidad de las ruinas les impidió el acceso.

Acceso denegado
La sublevación de los vecinos de Santa Agnès contra la catalogación de sus viviendas ha sido la más radical del municipio, aunque en otras zonas tampoco se lo pusieron fácil a Martín y a Vidal. De los 65 inmuebles catalogados de Sant Rafel, la mayor parte de Forada, solo pudieron acceder sin problemas a 18. En un par de casos no pudieron fotografiar el interior, en una decena solo les permitieron realizar algunas fotografías y en 28 no consiguieron siquiera pasar dentro. En otras dos eran tan ruinosas que por precaución no retrataron el interior.

De las 38 de la parroquia de Sant Antoni (la villa, no el municipio) incluidas en el catálogo de patrimonio, la arquitecta y la arqueóloga pudieron visitar sin problemas 11 casas, mientras que en cuatro no pudieron hacer fotos «por expreso deseo de sus propietarios» y en otras cuatro «solo algunas fotos». Dos se encontraban en ruinas y en 13 casos no lograron conocer sus interiores.

Sant Mateu fue, quizás, la parroquia que puso menos reparos y donde no hubo una mayoría tan significativa de residentes que se tomaran el inventario como un ataque a sus propiedades. No obstante su asociación de vecinos ya ha preparado una serie de alegaciones y hay muchas quejas sobre los procedimientos empleados, como la datación de algunas obras o la manera en que sus autoras consiguieron convencer a los dueños para acceder al interior de las viviendas. En Sant Mateu, de 74 inmuebles payeses, las dos responsables del catálogo accedieron al interior de 33 sin problemas. No les permitieron fotografiar las habitaciones, cocinas y demás estancias de tres casas y solo pudieron captar algunas imágenes en tres de ellas. Había dos en ruinas y en 30 casos no pudieron meterse dentro para comprobar su estado ni ver qué partes antiguas conservaban. Cuando no podían introducirse con permiso, buscaron alternativas para saber qué había detrás de las paredes, como en el caso de una vivienda rural de Sant Mateu que se alquila y cuya página web les permitió contemplar hasta el último rincón.

El estudio describe el estado del patrimonio cultural del municipio de Sant Antoni, pero al mismo tiempo se refleja en él las situaciones que la arquitecta y la arqueóloga –que iban acompañadas por un agente de la Policía Local– vivieron durante la elaboración de su trabajo, enorme en extensión pero muy polémico. Cuentan, por ejemplo, cómo no pudieron acceder a una vivienda de Sant Rafel porque el dueño los dejó «prácticamente en la puerta». Tanto en ese caso como en otros muchos descritos, se dieron de bruces con obras que habían desvirtuado la planta antigua y cuya licencia era «dudosa». En Sant Mateu visitaron una que se hallaba en obras: «Se ignora si con licencia o sin ella (no se ha visto ningún cartel)», se indica sobre ella en su ficha, donde se avisa de que la intervención «no está siendo cuidadosa».

Obras sin permiso
La catalogación ha permitido, en este sentido, que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de un montón de obras supuestamente ilegales. La arquitecta se topó con varias a lo largo del año y medio que duró su trabajo. En Sant Mateu fue testigo de cómo se desarrollaban unas obras «sin permiso» en una casa cuya antigüedad data del siglo XVIII: «Habrá que ver las actuaciones correctoras que habría que aplicar», señala. Sus propietarios comenzaron la intervención «sin licencia ni proyecto ni dirección de ninguna manera», arrasaron todos los elementos antiguos, usaron forjados de hormigón y emplearon vigas metálicas. Un desastre «sin criterio ni justificación» en el que «lo más grave» fue que aumentaron una planta por su cuenta y riesgo.

Las fichas contienen descripciones que en algunos casos han molestado a los propietarios de las casas, que las consideran ofensivas. «El estado de conservación es un poco dejado, triste en algunos anexos y casi ruinoso en los corrales», se cuenta sobre un inmueble del siglo XIX de Sant Rafel.

La descripción del estado de un inmueble de Sant Mateu es otro claro ejemplo: «Al sur hay una especie de complejo de piscina o pequeño parque acuático en obras. La impresión es muy poco agradable», dicen las autoras al respecto. Para Vidal y Martín, el estado de conservación exterior de esa casa, que data del siglo XVII, «es el propio de una obra abandonada».

El PI quiere que se suspenda
El PI quiere saber qué ha costado la redacción de ese catálogo y lo que se ha pagado hasta el momento. Pero además pide que el Ayuntamiento «congele provisionalmente su aprobación para que los vecinos tengan tiempo de informarse y efectuar las alegaciones pertinentes». Juanjo Ferrer, edil de PI en Sant Antoni, consideró ayer –como ya lo hizo el martes a este periódico su compañero de partido Joan Torres, presente en la reunión de los vecinos con la alcaldesa– que el catálogo se había realizado «con una absoluta falta de transparencia». A su juicio «se debería haber enviado una carta a toda la gente de Corona o convocarla al centro social para explicar a los afectados qué se iba a hacer, pero se actuó con secretismo». Ferrer critica que el catálogo, que está accesible en la web del Ayuntamiento, contenga fotos del interior de las casas payesas «en las que se puede ver desde platos en la mesa a imágenes de familiares», de manera que hay personas molestas porque «su intimidad se ha visto expuesta a la vista de todo el mundo» en Internet. El inventariado es, según recalca, «una auténtica chapuza, está mal hecho y con poco rigor».

Fuente: El Diario de Ibiza